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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha exigido a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, a través de un escrito, que dé una solución urgente a las deficiencias asistenciales en los Juzgados de Familia de la capital de la provincia. El ICALI recoge así la denuncia realizada por numerosos colegiados y colegiadas que tienen que esperar el inicio de los juicios en el exterior de la sede judicial, junto a procuradores y el público en general.

Cabe recordar que los tres juzgados de Familia de Alicante se encuentran ubicados en un pequeño local en la calle Doscientos, donde las aceras son estrechas y en muchas ocasiones las colas que se forman en el exterior llegan a interrumpir el tráfico en esta zona. El Colegio denuncia que si estas dependencias no cumplen la normativa sanitaria exigida ante la Covid-19 deben cerrarse y celebrarse los juicios en otra ubicación.

También señala el Colegio que el ejercicio profesional de la abogacía no es distinto del que realizan jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales y demás operadores jurídicos, a los que sí se les permite la entrada. Las sedes judiciales son el espacio de trabajo de la abogacía, por lo que es indignante e injusto que se imponga a los abogados y abogadas un trato desigual.

El ICALI sostiene que esta situación está creando una imagen de dejadez y abandono de la administración de Justicia en Alicante, que acentúa unas deficiencias visibles hace ya muchos años. Por ello, el Colegio exige una solución inmediata y para ello propone que se utilicen espacios hoy sin uso en los juzgados de la calle Pardo Gimeno.

CRAJ

El ICALI ha venido denunciando esta situación y otras similares ante la propia Administración de Justicia y recuerda que la colegiación tiene a su disposición el servicio que ofrece la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ).

Esta Comisión gestiona de forma completamente anónima todas aquellas quejas derivadas de conflictos o anomalías que puedan surgir entre los profesionales de la abogacía y el resto de operadores jurídicos. Este servicio se ha visto reforzado con la creación de una comisión específica para analizar y trasladar a las instituciones competentes, en su caso, todas las incidencias generadas a raíz de la reactivación de la actividad judicial tras al estado de alarma, así como las que se han producido derivadas de la habilitación parcial del pasado mes de agosto, cursando las oportunas denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, la Secretaría de la Administración de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.