ICALI pide un plan conjunto y uniforme de vuelta a la actividad judicial en todas las jurisdicciones tras el fin de la huelga de los LAJ
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) solicita a los representantes de los diferentes órganos judiciales un plan de acción conjunto y uniforme que permita escalonar la vuelta a la actividad judicial una vez finalizada la huelga que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) han mantenido durante dos meses, desde el pasado 24 de enero.
En una reunión convocada el pasado viernes por el decano ICALI, Fernando Candela Martínez, y a la que asistieron los presidentes y presidentas de las diferentes Secciones de Derecho y Agrupaciones del Colegio, así como los diputados de Junta de Gobierno, Encarnación Martínez-Tortillol Piquieras, Luis Miguel Selleres Miró, Miguel Ángel Martínez Martínez, Marta Villén Hernández y Luis Fernando Alonso Saura, se determinaron una serie de propuestas en previsión a la próxima resolución del conflicto entre el Ministerio de Justicia y los LAJ. Esta propuesta ha sido trasladada a los representantes del comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia en Alicante, a la secretaria coordinadora provincial de Alicante y a la secretaria de Gobierno del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana).
Así, el Colegio, en coordinación con las Secciones y Agrupaciones, solicita:
- El desarrollo de un protocolo de actuación para que las notificaciones se realicen de forma progresiva y escalonada.
- Dar prioridad a la resolución de asuntos de violencia de género y familia en los que se deban establecer por primera vez medidas para menores. Así como aquellas autorizaciones para disponer de bienes de personas con discapacidad.
- Proceder de forma prioritaria a “descongelar” las cuentas judiciales, ordenar el pago de consignaciones para los justiciables y el pago de honorarios de abogados.
- Establecer un orden cronológico para los señalamientos que fueron suspendidos durante la huelga.
- Extremar la vigilancia en la tramitación de los procedimientos, evitando con ello nuevas suspensiones.
- En la jurisdicción social dar prioridad a los Autos de declaración de insolvencia de empresas, a fin de que los interesados puedan pedir al FOGASA lo que les corresponde.
Reuniones durante la huelga
A lo largo de estos dos meses desde que se iniciara el paro, el Colegio, a través de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), ha acuciado a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo, intentando minimizar el grave prejuicio que esta situación ha ocasionado a los justiciables y a los profesionales de la abogacía.
Dado que las negociaciones no prosperaban, el pasado 9 de marzo, los representantes de la CRAJ trasladaron a la secretaria coordinadora provincial una serie de medidas, tales como que se notificara la suspensión de los juicios con una antelación mínima de 48 horas y que en ese mismo acto se efectuara un nuevo señalamiento, así como el abono, con carácter de urgencia, de todas las cantidades consignadas en las que se hubiera acordado el pago. El ICALI además solicitó, en esa misma reunión, establecer un plan de vuelta al trabajo una vez superada la huelga, aunando criterios entre los distintos operadores jurídicos.
En estas semanas, el Colegio también ha registrado todas y cada una de las incidencias que ha tenido conocimiento como consecuencia de la huelga a través de la CRAJ, tanto en el partido judicial de Alicante, como en los de San Vicente del Raspeig, Novelda, Elda, Villena, Villajoyosa, Benidorm y Dénia.
Por otro lado, el ICALI ha mantenido igualmente una reunión con los representantes del colectivo de los LAJs en Alicante y de los colegios de Graduados Sociales y Procuradores. En este encuentro, los colegios profesionales volvieron a exigir la reanudación de las negociaciones mientras que los Letrados de la Administración de Justicia se comprometieron a facilitar la información necesaria para que la ciudadanía y los profesionales del derecho tuviéramos conocimiento de la suspensión o celebración de las vistas, comparecencias o cualquier actuación judicial, con un mínimo de 24 horas, lo que termino por ser recogido en el acuerdo alcanzado en dicha reunión.
Desde el ICALI, se ha ofrecido la máxima colaboración para una vuelta a la normalidad aminorando los efectos negativos que se hayan podido ocasionar a los justiciables y a la Abogacía en general.
