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La colegiación es la máxima garantía que tiene a su disposición la ciudadanía a la hora de contratar o acudir a un profesional. Esta ha sido la principal conclusión de la jornada “El intrusismo en la práctica profesional”, organizada por el Foro PROA Provincia de Alicante y que ha tenido lugar este lunes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI).

El encuentro, moderado por el asesor del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante y exdecano del ICALI, Isidro Echániz, ha contado con la participación de la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), Maribel Moya, y el decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos e Industriales de Alicante (COITI), Antonio Martínez-Canales.

“La ley prefiere decir que hay concurrencia entre diferentes profesiones que perseguir el intrusismo”, ha señalado la presidenta de COMA. Moya ha defendido la necesidad de crear “pactos interprofesionales” para que sean los propios Colegios, a través de convenios, quienes colaboren con la administración en la delimitación de las competencias profesionales, ya que, según ha mencionado “los colegios tenemos mucho que decir en relación al intrusismo” y parece ser que la colaboración entre estas instituciones es determinante “en un mundo que avanza a la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo”.

Administración

Por su parte, el máximo representante de COITI, Martínez-Canales, ha reseñado la falta de una regulación práctica y eficaz en la lucha contra el intrusismo y ha destacado la puesta en marcha en su sector de la formación permanente por medio del “desarrollo profesional continuo”, cuya evaluación y calificación corre a cuenta del propio Colegio, que certifica los conocimientos del profesional.

Tanto Martínez-Canales como Moya han subrayado como clave que la ciudadanía disponga de toda la información sobre los miembros de los Colegios, a través, por ejemplo, de la llamada ventanilla única. Del mismo modo han incidido en que quien en primer lugar debe luchar contra el intrusismo es la propia administración.

Sanciones

Tras el debate, el presidente de Unión Profesional Alicante, PROA y decano del ICALI, Fernando Candela, ha recordado que la Ley4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana impone sanciones de entre 5.001 euros y 150.000 euros a aquellos “profesionales, empresas y entes” que contraten profesionales que incurran en infracciones muy graves, tales como no estar colegiados o ejercer la profesión mientras se ejecuta una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión, entre otros supuestos.

“Es importante que la sociedad conozca no sólo estas sanciones sino también vea en la colegiación una garantía de cualquier servicio que necesite por parte de un profesional”, ha afirmado Candela.